A poco de cumplirse el cuarto mes de plazo dado por la Cámara de Apelaciones Nº 2 de Santa Fe para que la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y los ministerios de Producción y Salud provinciales demuestren que los agroquímicos no perjudican a la salud, el Juzgado Civil y Comercial de San Jorge intimó a que, “bajo apercibimiento de ley”, los organismos oficiales cumplan en tiempo y forma con el fin ordenado por la Justicia.

El plazo que pesa sobre la casa de altos estudios comenzó a correr a mediados de marzo, cuando quedó firme la resolución de la Cámara de Apelaciones que ratificaba el fallo de primera instancia del juez de San Jorge Tristán Martínez, que imponía una prohibición en la aplicación de agroquímicos en barrio de esa ciudad.

En la misma decisión judicial se ordenó que la UNL y los ministerios investiguen sobre la toxicidad de los agroquímicos y los emplazó a que entreguen las conclusiones en seis meses.

También invirtió el orden de la prueba ya que ordenó que sean quienes usan los plaguicidas los que carguen con el deber de demostrar su inocuidad y no los vecinos los que tienen que fijar los efectos sobre su salud.

A los 2 meses del plazo otorgado, Daniel Scacchi, director del Centro Transferencia de Resultados de Investigación (Cetri) de la UNL y Eduardo Matozo, secretario de Vinculación Tecnológica, enviaron una misiva a la directora de Asuntos Jurídicos de la Universidad, María Silvia Gómez Bausela pidiéndole “datos precisos respecto de cuáles son los productos sobre los que la pericia debería expedirse acerca de su grado de toxicidad, ya que del oficio recibido como de la sentencia no surge con precisión cuáles son”.

En la nota los profesionales aseguran que el plazo de 6 meses “es exiguo para hacer los estudios”. Además informaron que “Cristina Fernández creó en enero de 2009 la Comisión Nacional de Investigación para que se estudie la problemática de los agroquímicos y que el organismo produjo un análisis sobre los efectos del glifosato”.

No obstante desde la casa de altos estudios, no hicieron referencia a investigaciones sobre el tema en diversos ecosistemas de la provincia por especialistas de la UNL y referenciados en publicaciones científicas de prestigio internacional.

 El documento remitido desde la UNL fue despachado hacia el Juzgado de Martínez un mes después de generado y dio origen a la decisión del magistrado de no modificar lo resuelto antes en cuanto a los requerimientos sobre las explicaciones científicas de los efectos de los plaguicidas y de apercibir bajo los alcances de la ley a quienes intervienen en el caso. Tampoco se modificaron los plazos fijados por lo cual restan sólo 2 meses para que la UNL se expida.
Rumores. Tras la decisión de Agricultores Federados Argentinos (AFA) de dar marcha atrás a instalar una planta de agroquímicos en Casilda y del anuncio albergar el proyecto en otra localidad, un rumor se instaló. Según una serie de mails que se replica entre vecinos y a ediles, la organización cooperativa tendría los “ojos puestos” en Venado Tuerto.