La organización de las sociedades se ha llevado a cabo sobre la base y la consolidación de los Estados. Estos han asumido la indelegable responsabilidad de garantizar los derechos básicos, tales como alimentación, salud y educación, y establecer los lineamientos de ordenamiento, crecimiento y desarrollo armónico de las comunidades.
Para ello han establecido el marco jurídico necesario con la Constitución Nacional como base de un esquema legal que permite la convivencia pacífica, en un contexto de libertades individuales y colectivas.
La legislación alimentaria forma parte de ese marco jurídico, y del necesario para contribuir a garantizar el consumo de alimentos inocuos, complementado con un sistema de control que verifique el fiel cumplimiento de lo establecido por las normas.
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