En decenas de oportunidades el presidente Eduardo Duhalde aseguró que su mandato es de transición y su función es
dejar un país "ordenado" para quien lo suceda tras las elecciones del año próximo. Mientras circulan con fuerza los rumores del adelantamiento de las elecciones y las presiones y amenazas del Fondo Monetario
Internacional se sienten con mayor dureza; un tema trascendental desvela a miles de productores: la privatización parcial del Banco Nación y eventualmente del Banco Provincia de Buenos Aires.Aunque le restan sólo
meses de mandato, la actual administración anunció semanas atrás, a partir de declaraciones del ministro de Economía Roberto Lavagna, que se está estudiando la posibilidad de privatizar en forma limitada la banca
pública, esto, en respuesta a las exigencias del Fondo.
La idea, que no es una novedad, sembró la preocupación entre chacareros y entidades representativas del agro, pues, sin dudas, el sector agropecuario sería uno
de los más afectados por tal medida.
Desde distintas tribunas se aseguró que no existe resistencia a la modernización, transparencia y mejoramiento de la banca pública nacional y provincial; pero esos procesos no
están ligados inexorablemente a la privatización de las entidades bancarias.
Son más de 14 millones de hectáreas las que se encuentran hipotecadas a favor del Banco de la Nación. Están ubicadas en las zonas más
fértiles del país. Se trata de gran parte de las tierras que deberán producir los cereales, oleaginosas y ganado exportables que permitirán reactivar la vapuleada economía argentina. El temor radica en que si el Banco
Nación cede parte de su paquete accionario al sector privado, esos campos podrían pasar a manos extranjeras y de este modo, Argentina perdería una de las últimas riquezas que le quedan.
Durante el Congreso Nacional de
la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, titular de la entidad, se refirió a que existe una "propuesta legislativa presentada por la FAA en el Congreso de la Nación para limitar la venta de tierras agrícolas a
inversores extranjeros, entre otros importantes aspectos".
Pero FAA no es la única entidad que se preocupó por el tema. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) consideró que la alternativa debe ser analizada en
profundidad mediante discusiones que conduzcan a un amplio consenso. "La banca pública cumple una función primordial en el desarrollo de la producción nacional y ha sido una aliada estratégica permanente del sector
agropecuario. Queremos que se mantenga este espíritu para la banca nacional, pero es necesaria su reestructuración, el mejoramiento de su eficiencia y modernización, dando transparencia a su accionar, alejada de los
intereses sectoriales y de las presiones políticas".
Los dirigentes de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), por su parte, entienden que el "estrangulamiento de la banca pública
nacional y provincial" es la salida que ven algunos sectores a la crisis financiera que provocaron las últimas medidas económicas. "No nos oponemos al análisis de medidas que puedan contribuir a mejorar la transparencia
y la administración de los bancos públicos. Sí a que dejen de cumplir su función de testigos del sistema financiero y de promotores del crecimiento", sostuvieron los representantes de la entidad, reforzando el concepto
de renovación pero dejando en claro la resistencia a la venta.
Causa y efecto
El problema de la "extranjerización" de la tierra estuvo en el centro del debate durante las últimas
semanas. Por sus características productivas, ecológicas y económicas -favorecidas por la disparidad entre el peso y el dólar- se convirtieron en un negocio interesante para muchos inversores del exterior.
La
debilidad jurídica y legislativa del país permitió que en los últimos años muchos sectores se enriquecieran en detrimento de otros. Los "lobbies", las presiones, dudosos procesos de privatización que favorecieron
a grupos poderos internacionales, perjudicaron enormemente a parte del sector productivo e industrial nacional y es este fantasma el que despierta el temor.
Quizá el problema no es tanto quiénes son los dueños de la
tierra, sino más bien, quiénes y cómo serán los encargados de controlar y regular el funcionamiento de las normas que preserven, en términos de Rousseau, el Pacto Social.
E-campo.com
